La tortura, allá y aquí

No se puede más que compartir el repudio unánime a la ablación o mutilación genital femenina que se practica a millones de mujeres y niñas en diversos países. El 6 de febrero fue el “día de tolerancia cero” contra esta práctica cuyos orígenes son culturales y religiosos, y que provoca un sufrimiento y dolor atroces y en muchísimos casos la muerte.
Sabía ya esta forma de tortura pero en estas semana circuló por Internet mucha más información. No está de más adherir a la difusión, a la lucha. Siempre sirve para algo.

Según explica un informe reciente de UNICEF la ablación / mutilación genital femenina incluye “una amplia variedad de prácticas que suponen la extirpación total o parcial de los genitales externos o su alteración por razones que no son de índole médica”.
Este procedimiento puede incluir el uso de herramientas no esterilizadas, improvisadas o rudimentarias.

Aquí, en el país donde se escribe este post, sin embargo, también persiste la tortura. Aun con un gobierno democrático, que se ha mostrado en gestos y acciones defensor de los derechos humanos y dispuesto a rescatar en todo momento la memoria sobre los años más siniestros que vivió la Argentina.

Apenas tres hechos, ocurridos en estos días:

A menos de un año y medio de la masacre en el penal de Magdalena (provincia de Buenos Aires), donde murieron 33 presos, todos menores de 36 años, quemados e intoxicados por humo, el Comité Provincial contra la Tortura (que depende de la Comisión Provincial por la Memoria) solicitó a través de un hábeas corpus a la Justicia bonaerense, que ordene modificar la "alarmante" situación de "superpoblación y agravamiento de las condiciones de detención" de las personas alojadas en la Unidad 35 de Magdalena.
El Comité denunció que los reclusos "conviven con ratas y hacinados”, que la capacidad del penal está superada en más de 150 personas, que en el patio que usan los internos "hay un basural donde proliferan las ratas y ratones", que las mangueras contra incendios "no están" y que las visitas de los internos "son sometidas a regímenes irracionales".
Es otra muestra, apenas la punta del iceberg de lo que sigue sucediendo en las cárceles y comisarías bonaerenses.

Apenas un par de días después, el 8 de febrero, en una reunión realizada con legisladores provinciales, familiares de los presos de la cárcel de Villa María (Córdoba) denunciaron malos tratos a los presos en esta unidad carcelaria. Se trata de los detenidos por la pueblada ocurrida el 4 de diciembre en aquella ciudad del sudeste cordobés por la violación y muerte de una menor de tres años.

Un día antes, el 7, se había conocido otra noticia, tal vez la peor, tan sólo por sus consecuencias futuras:
En la escuela de la Policía Federal dieciete cadetes de entre 18 y 22 años fueron sometidos a un castigo conocido en la jerga militar-policial como “baile”. Con una temperatura superior a los 30 grados los forzaron a cuatro horas de “ejercicios” que nada tienen que ver con la instrucción policial. Los aspirantes a policías (10 mujeres y 7 varones) fueron internados en el hospital Churruca de la Capital Federal con descomposturas, fatiga muscular, dolores y hasta cuadros de deshidratación.
Desesperada, la madre de uno de los jóvenes internados se preguntó qué clase de formación les dan: “si se tratan así entre ellos, ¿qué queda para el resto de la sociedad?”.

Mientras todo esto ocurría la primera dama argentina firmaba en Paris una Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, que Argentina impulsó y que suscribieron 59 países.
Mientras Julio López sigue sin aparecer, el Gobierno se empeña en actos declamativos que sólo sirven si van acompañados de la acción. ¿Quien se ocupará de humanizar las condiciones de vida de las personas que habitan las cárceles? ¿quien va a poner el ojo de una vez por todas sobre la formación de los policías?. De esto también se tratan los derechos humanos. Parece que no sobra decirlo.