Pocos días antes de terminar 2007 la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó en Plaza de Mayo su actualización anual del archivo de casos. Y otra vez los datos son tremendos. El Estado mató a más de 16 personas por mes, un promedio de un muerto día por medio, uno cada 40 horas por gatillo fácil, tortura, y asesinados en cárceles o comisarías
Sigue siendo muy preocupante la indiferencia de las autoridades frente a estos hechos. Y decir indiferencia es negarse todavía a creer, con Correpi, en un plan sistemático.
La gente de Correpi hizo el balance de la gestión presidencial en materia represiva. "El gobierno de Néstor Kirchner ha sido el encargado de relegitimar la dominación burguesa, y las facultades represoras del estado y para hacerlo se han valido, entre otras cosas, de la farsa de los Derechos Humanos. Su consigna ha sido: toda la represión necesaria, con todo el consenso posible. Si hay miseria que no se note, y si hay represión, menos todavía", dijeron.
Yo sigo pensando que pasaría si el país lo gobernaran otros. Digo, los Rodríguez Saa, los De Narváez, los Macri. Intuyo que las palabras Derechos Humanos estarían borradas del mapa. Aun así, a este gobierno, hoy al de Cristina Fernández, le falta mucho en este aspecto.
Según el informe, de los 2334 casos totales que se registran, 847 corresponden a personas asesinadas por el aparato estatal entre el 25 de mayo de 2003 y el 30 de noviembre de 2007.
Casi el 50% de las víctimas tenían entre 15 y 25 años. La provincia de Buenos Aires, con su diferencia en cantidad de habitantes, registra más del 40 % del total de casos. Pero en el índice de casos por millón de habitantes, no hay diferencias entre las provincias de Tierra del Fuego, Santa Fe, Santiago del Estero, Catamarca, Mendoza, Córdoba, Corrientes y la Ciudad de Buenos Aires, que encabezan el listado.
Apenas unos días antes de la presentación del informe de Correpi, en la provincia de Buenos Aires el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria presentó los resultados de otra investigación: la que informa que en las cárceles de la provincia se llevan a cabo 6000 actos anuales de torturas, además de golpizas y falta de atención médica, entre otras flagrantes violaciones a los derechos humanos. Estos hechos, aseguran, resultan en no menos de ocho muertes o personas con graves heridas por mes.
Es el tercer informe de la CCT, titulado “El Sistema de la Crueldad III ” y que se refiere más al “sistema” de torturas que a la señalización personalizada de quienes cometen estos actos.
Aunque la Comisión reconoce en el informe que en el último año, y a raíz de algunas resoluciones de la Corte Suprema de la Nación disminuyó la población carcelaria de 30 mil a 25 mil y las de las comisarías, de 6035 a 298, aun subsiste el alto porcentaje de presos sin condena firme, un 73%. Un hecho anticonstitucional ya que se debe considerar inocente a una persona a la que no se le probó culpabilidad.
En la provincia, las nuevas autoridades en materia de justicia y seguridad asumieron con actitud de cambio. Pero algunos signos son alarmantes. Hay quienes consideran que la gestión del ex ministro Arslanian en Seguridad “metía miedo” a los policías, y que la nueva conducción debe darles más tranquilidad y libertad en su trabajo, en palabras de alguno “más poder de fuego”. Da pánico sólo pensar en ello.
En relación al problema carcelario, en la Legislatura ya se analiza un “plan de emergencia”. El ministro de Justicia, Ricardo Casal, ha dicho que entre los ejes de este plan estarán la rehabilitación de celdas inhabilitadas, la construcción de diez alcaidías para el alojamiento de los detenidos en primera instancia por las autoridades judiciales, y la construcción de uno o dos complejos carcelarios nuevos en 2008.
Como si el problema carcelario sólo estuviera constituido por una deficiencia edilicia, de infraestructura. La corta visión de siempre (o quizás la mala leche de siempre, pero para qué adelantarse): más cárceles, más policías en las calles, más “seguridad”. Una parte de la población estará más tranquila, quizás tenga más asegurados sus derechos humanos. La otra parte, la cada vez mayor que está del otro lado de las rejas, ¿seguirá esperando un poco de dignidad?
Tanto en la provincia como a nivel nacional, los reclamos de los organismos que denuncian estas violaciones parecen no ser escuchados por el gobierno. Ni siquiera por los medios, que en estos días se indignan por el asesinato de un mapuche del otro lado de la cordillera, en Chile.
Mientras tanto, otros esperamos la urgente implementación de una segunda etapa en materia de derechos humanos. Una que de la visibilización, del reconocimiento simbólico, pase a la acción inmediata allí donde es necesario: que en 2008 no haya más muertes por gatillo fácil, ni torturas en las cárceles, ni falta de asistencia. Sólo hay que querer mirar, y actuar.